Cuando los representantes populares perjudican a sus ciudadanos voluntariamente

¿Alguien se imagina a un accionista de referencia de Telefónica diciendo que la compañía está en quiebra porque le ha llamado Fulano de Empresa de Mentira S.L. y le ha dicho que no le ha pagado? ¿Alguien se imagina a Steve Jobs diciendo que desde que él se fue de Apple la empresa va a pique? Pues eso es lo que están haciendo los políticos en España.

Todos sabemos que los políticos españoles tienen sus rarezas, que en España pasan cosas que en casi todas las democracias occidentales serían impensables como que un señor relacionado de una forma bastante directa con la mayor trama de corrupción del país vuelva a salir elegido con prácticamente el mismo número de votos o que a políticos a los que pillan llegando a las 7 de la mañana, fichando y volviéndose a su casa al Europarlamento nadie les pida que dimitan. Pero estos días estamos viendo algo que, aunque no es nuevo en la política española, es probablemente una de las peores cosas que puede hacer un representante de la ciudadanía: poner en tela de juicio la solvencia del organismo en el que tiene representación. 

El Partido Popular ha adoptado al fin una estrategia. Después de meses esperando que las cosas se solucionasen solas, ha decidido que es hora de pasar a la acción y para ello lo único que se les ha ocurrido a los estrategas del partido es difamar las instituciones a las que representan. Se les ha metido en la cabeza que se puede decir sin ningún dato serio que lo avale que los gobiernos autonómicos socialistas están en quiebra, que han mentido a la ciudadanía, que han falseado las cuentas públicas y que no se podrá pagar a proveedores y ni siquiera a los funcionarios.

Que esto lo digan especuladores, tertulianos de Interconomía o tabloides sensacionalistas es muy grave, pero que lo diga el principal partido de la oposición de un país y probablemente futuro partido en el gobierno no tiene nombre. Este fin de semana salieron los futuros gobernantes de Castilla La Mancha a decir a bombo y platillo que la comunidad estaba arruinada, que aunque no tenían ningún dato oficial "porque no se lo quieren dar", saben "porque se lo dicen" no sólo que no están pagando a los proveedores si no que, ¡atención!, están destruyendo facturas.

Lo más penoso de toda la situación es que ni siquiera se molestan en aparentar probar lo que dicen aunque sea con una prueba de chichinabo, directamente dicen que no lo saben y que son rumores, pero en base a esos rumores están haciendo que la credibilidad de una comunidad ya muy castigada caiga en picado. Dan más credibilidad a un rumor que a la Comunidad que ellos van a representar y dan pábulo a conspiranoias argumentando que el Gobierno puede mentir a sus ciudadanos si quiere. ¿Qué empresa va a querer contratar ahora nada con la Junta? ¿Qué banco le prestará dinero? Desde luego, si yo tuviese una fábrica de papel huiría de cualquier contrato con la Junta de Castilla La Mancha.

Evidentemente es un deber de alguien que tenga datos que prueben que una institución está en quiebra decirlo cuanto antes, pero sólo en ese caso: cuando se tengan datos. ¿Qué pasaría si ahora resulta que son todo habladurías y que la situación no es caótica y simplemente es mala (algo que nadie oculta)? ¿Cómo se devolverá la credibilidad a la comunidad? ¿Qué necesidad hay de decir esto ahora y no dentro de tres semanas cuando ya se esté en el Gobierno y se tengan los datos? El PP tiene como estrategia el "no podíamos hacer nada, la situación era horrorosa" para los próximos cuatro años y para ello tiene que hacer creer a la población que la situación es caótica, penosa y de bancarrota total. Sea verdad o no.

Evidentemente, un político responsable esperaría a tener los datos para hacer esa afirmación, pero en España cuando sale un político a decirles a sus ciudadanos "su Gobierno les ha estafado" nadie le pide que lo pruebe. Se dice "amén" y se calla. Tanto es así que hoy ha salido la Candidata del PP en Asturias a decir lo mismo y nadie la ha denunciado todavía.